La propuesta de los legisladores del PRI surge luego de que la propia Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal reconociera que la reforma vigente generó una contradicción normativa.
Los diputados federales Rubén Moreira Valdez y Noel Chávez Velázquez presentaron una iniciativa para reformar el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de brindar certeza jurídica a miles de jubilados y pensionados de entidades públicas, así como corregir las inconsistencias derivadas de la reforma constitucional aprobada en 2026.
La propuesta de los legisladores del PRI surge luego de que la propia Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal reconociera que la reforma vigente generó una contradicción normativa al establecer criterios distintos para las remuneraciones de los servidores públicos en activo y para las jubilaciones y pensiones, lo que provocó incertidumbre jurídica y afectaciones a derechos previamente adquiridos.
Rubén Moreira y Noel Chávez recordaron que el propio Gobierno Federal tuvo que modificar el criterio aplicado a las pensiones de jubilados de PEMEX y CFE, al reconocer que la interpretación inicial estaba generando afectaciones. Esto, señalaron, confirmó la necesidad de corregir el texto constitucional para brindar certeza jurídica a todas las personas pensionadas del sector público.
Señalaron que esta iniciativa no pretende crear “pensiones doradas”, devolver privilegios ni otorgar derechos adicionales a los que marca la ley. El objetivo, precisaron, es que las personas jubiladas reciban únicamente lo que legalmente les corresponde y que se respeten los derechos adquiridos después de años de servicio al Estado, evitando interpretaciones que reduzcan de manera indebida sus ingresos.
Con esta iniciativa, los diputados priista buscan eliminar la contradicción existente en la Constitución y establecer reglas claras para que las jubilaciones y pensiones se otorguen conforme a la ley, con transparencia, respeto a los derechos adquiridos y sin permitir abusos ni privilegios para ningún servidor público.
