Andrea Cecilia Domínguez Anguiano presentó, a través de su abogado Luis Villegas Montes, una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua, en la que denuncia presuntas violaciones graves a sus derechos humanos y los de sus hijos menores de edad.
De acuerdo con el documento, la queja reúne 145 hechos ocurridos durante un periodo de más de cuatro años y señala posibles actos de intimidación, violencia institucional, restricciones a la libertad, afectaciones a la vida privada y familiar, represalias y presuntos tratos crueles, entre otras conductas que, afirma, deberán ser investigadas por la autoridad.
Uno de los principales señalamientos se relaciona con la asignación de elementos de seguridad para su protección. Andrea sostiene que los escoltas, que inicialmente habrían sido destinados a garantizar su seguridad, terminaron controlando sus desplazamientos y actividades personales. También solicita que se investigue quién ordenó dicha protección, las instrucciones recibidas por los agentes y si existió algún mecanismo de vigilancia sobre sus movimientos.
La queja también refiere un conflicto relacionado con su participación profesional y administrativa en la organización de la Feria de Santa Rita, así como con diversas sociedades y operaciones financieras. Según su versión, al comenzar a cuestionar determinadas decisiones y operaciones habría recibido presiones y amenazas. El documento señala que, en marzo de 2026, se negó a seguir una instrucción relacionada con dinero recaudado en taquillas, debido al riesgo de quedar vinculada jurídicamente con operaciones que, asegura, no controlaba.
Otro de los hechos denunciados ocurrió el 30 de junio de 2026, cuando, según su relato, agentes de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas realizaron un cateo en su domicilio. Andrea afirma que durante el operativo participaron más de 20 personas armadas y encapuchadas, que ella y su familia fueron incomunicadas y que sus hijos fueron separados de ella. También acusa el aseguramiento o sustracción de teléfonos, equipo de cómputo, documentos, vehículos y otros bienes.
Estos señalamientos, precisa el documento, deberán ser contrastados con la orden judicial correspondiente, inventarios, cadenas de custodia, registros policiales, material audiovisual y demás documentación relacionada con el operativo.
Ante estos hechos, la defensa solicitó a la CEDH medidas cautelares urgentes para garantizar la seguridad de Andrea, sus hijos, familiares, abogados y posibles testigos. Entre las peticiones se encuentran una evaluación integral de riesgo, evitar actos de intimidación o vigilancia extralegal y preservar expedientes, comunicaciones, bitácoras, registros policiales y evidencia digital.
También se pidió la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE), con el objetivo de evaluar las necesidades jurídicas, psicológicas, sociales y de protección de la denunciante y sus hijos.
La queja solicita además que la investigación se realice con perspectiva de género y considerando de manera independiente las posibles afectaciones a los menores de edad. En caso de acreditarse violaciones a derechos humanos, se plantea una reparación integral que podría incluir medidas de restitución, rehabilitación, compensación y garantías de no repetición.
Actualmente, Andrea Domínguez se encuentra, según su defensa, bajo resguardo y fuera de exposición pública. La presentación de la queja ante la CEDH fue realizada por su abogado, quien pidió que los hechos sean investigados de manera integral y que se garantice la protección de la denunciante y sus hijos mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
