Una de las reformas fundamentales del presidente López Obrador, busca -a diferencia de lo que se ha querido nombrar como una expropiación perpetuada contra los trabajadores- revertir el daño que se realizó en primer término en 1997 durante el sexenio de Zedillo y más tarde en 2007 con Felipe Calderón, que trajeron consigo efectos dañinos en contra de las y los trabajadores.
Afortunadamente, el contexto social bajo el cual se escrudiñan las decisiones del gobierno actual, aporta a la total apertura y participación, lo que permite transparentar la información a diferencia de administraciones anteriores en las que la información había sido manejada a total conveniencia de unos pocos escondiendo los grandes perjuicios de determinaciones unilaterales.
Haciendo un recuento, las reformas que se dieron en 1997 afectaron severamente por los requisitos que se hacían exigible a las personas trabajadoras, quienes debían haber cotizado en el IMSS 1250 semanas, es decir, 24 años para poder acceder a una pensión, en vez de 10 años como ocurría antes del año 97.
Otro de los detrimentos de dichas reformas, fue que, quienes pudieran cumplir con los requisitos, al haber trasladado las pensiones a cuentas individuales con rendimientos muy bajos, gozaban de sumas muy bajas de su sueldo como pensión: de jubilarse con el 89% de su sueldo, el porcentaje disminuyó drásticamente a 27% en el sexenio de Zedillo, y si bien, en el sexenio de Calderón remontó a un 60% del sueldo, debemos decir que esto no corresponde a lo que las y los trabajadores merecen como una pensión digna.
Ahora bien, en el sexenio del presidente López Obrador, se llevó a cabo ya desde 2020 una importante reforma que disminuye el requisito de tener 1250 semanas cotizadas en el IMSS para acceder a una pensión a requerir solamente hasta 1000 semanas cotizadas en 2030, con una reducción en las altas comisiones que cobraban las AFORES que se traduce a beneficios por hasta $160 mil millones de pesos para las y los trabajadores. Hemos de decir en este punto que, el 93% de las personas que se pensionaron entre enero de 2021 y septiembre de 2023, lo hicieron gracias a esta reforma. además de que, para quienes en 2020 estaban ya ganando un salario mínimo, se contempló también una pensión garantizada.
Como las reformas de 2020 fueron trascendentales, pero no suficientes, es que este año se presentan las propuestas buscando que, las personas trabajadoras se retiren con el 100% de su salario con ayuda de un fondo complementario que garantice dicha cantidad; es decir, que, con las medidas de austeridad, la recuperación de cuentas, la eliminación de funciones públicas duplicadas y las reducciones a beneficios estratosféricos que antes se guardaban para sectores minoritarios que eran privilegiados, estos recursos se dotarán de manera directa a la población trabajadora.
Extraña ahora que las AFORES hayan encontrado en más de un oportunista un vocero en su defensa, sobre todo en personas que no se habían preocupado en dignificar los derechos laborales.
Y no, no es necesario recurrir al alarmismo, sino a los hechos: hoy las AFORES tienen la obligación de transferir los recursos de las cuentas no reclamadas al IMSS, sin embargo, esto no sucede dado que las normas se han utilizado para beneficio solo de las propias administradoras de fondos, quienes, por mencionar un ejemplo, de $40,000 millones pesos que deberían transferir al IMSS, solo han restituido $1,500 y todavía se llevan el beneficio de las comisiones.
Tenemos así que, de manera burlona, muy al estilo del prianismo más rancio, la gobernadora ha dicho incluso que con esta “catastrófica” reforma, el gobierno se quedará con su pensión… qué lástima que se burle así de los derechos laborales una persona que, evidentemente, no depende de una pensión para subsistir, y cuyo gobierno ha sido tan indolente con las necesidades de las personas con mayor necesidad imponiendo cargas económicas insensibles.
Lo cierto es que, la defensa de los intereses de los más, siempre generarán escozor en los menos. Si aún le queda alguna duda, pregúntese por qué es que se busca defender los “derechos” de las administradoras de fondos por encima de las personas trabajadoras. Repetimos, no es expropiación, sino dignificación.
