Al exterior del Palacio Municipal de Chihuahua, una ofrenda convirtió el espacio público en un lugar de memoria, dolor y reclamo. Fotografías, nombres y recuerdos de niñas y niños asesinados en el estado volvieron a colocar frente a la sociedad una de las heridas más profundas: la violencia ejercida contra quienes menos posibilidades tienen de defenderse. Christopher, Eitan Daniel, Jassiel Giovani y Seyni Camila son algunos de los nombres que permanecen en la memoria colectiva, historias de pequeñas vidas interrumpidas que recuerdan que la infancia también ha sido víctima de la crueldad.
Durante la última década, Chihuahua ha acumulado episodios que estremecen por la brutalidad con la que niñas y niños han perdido la vida. Detrás de cada caso hay una familia destrozada, una ausencia imposible de llenar y una sociedad obligada a preguntarse cómo fue posible que quienes necesitaban protección terminaran enfrentando la violencia, en ocasiones, dentro de sus propios hogares. Uno de los episodios más desgarradores fue el de Yomara, una niña de cuatro años originaria de Delicias, quien murió tras recibir una golpiza presuntamente propinada por su propia madre, luego de que se comiera un plato de sopa que no estaba destinado para ella. Una situación cotidiana terminó convertida en una tragedia que exhibió los extremos de la violencia infantil.
En mayo de 2015, el asesinato de Christopher Raymundo Márquez Alvarado, de seis años, conmocionó al estado. El pequeño fue víctima de un grupo de menores de edad que, de acuerdo con las investigaciones, jugaban al secuestro en la colonia Laderas de San Guillermo, en el municipio de Aquiles Serdán. Cinco niños participaron en los hechos, aunque por su edad solamente dos, de 15 años, podían enfrentar una acción penal. Un año después, en octubre de 2016, otro crimen sacudió a Chihuahua: dos hermanitos fueron asesinados en el fraccionamiento Atenas, al norte de la capital, presuntamente por su padrastro, quien habría aprovechado la ausencia de la madre para quitarles la vida y posteriormente ocultar sus cuerpos en una alfombra en el patio de la vivienda.
En octubre de 2018, la desaparición de Seyni Camila Cobos Medina, de siete años, movilizó a las autoridades mediante la Alerta Amber y el Protocolo Alba. La niña jugaba con una prima afuera de su domicilio, en la ciudad de Chihuahua, cuando fue sustraída por un hombre que viajaba en un vehículo blanco. Horas después, su cuerpo fue localizado sin vida y Juan Manuel N., conductor de transporte público, fue detenido por su participación en el crimen. Posteriormente recibió una sentencia de 115 años de prisión. Hoy, los nombres de Christopher, Seyni Camila y de tantos otros pequeños vuelven a encontrarse en una misma ofrenda, no como cifras ni expedientes, sino como vidas que merecían crecer, jugar, aprender y conocer un mundo distinto al de la violencia. La memoria de estos niños exige algo más que indignación momentánea: reclama justicia, prevención, protección efectiva de la infancia y una sociedad que no permanezca indiferente ante ninguna señal de maltrato. Porque ninguna niña ni ningún niño debería perder la vida a manos de quienes debían cuidarlo.
