Luego de que el proceso interno del PRI concluyó con la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas como dirigente nacional del partido por cuatro años más, los ex presidentes de este partido, Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa, afirmaron que “este domingo se ha consumado la farsa”.
“El PRI es un partido secuestrado por la ambición personal de Alejandro Moreno, alejado del buen desarrollo institucional del Partido”, indicador los ex dirigentes del tricolor al tiempo que lamentaron que por primera vez en la historia del tricolor el dirigente se reelige “a puerta cerrada, sin propuestas, ni debate, ni proyecto de futuro y donde la militancia ha estado ausente”.
Los tres ex presidentes del partido han presentado una serie de impugnaciones ante este proceso. Algunos de los recursos fueron enviados al Instituto Nacional Electoral (INE) y otros a la comisión de justicia del propio instituto político.
Ante ello, apuntaron que “el daño jurídico infligido el día de hoy (domingo) al PRI se podrá reparar cuando el INE y el Tribunal Electoral anulen la Asamblea Nacional ilegal, así como todos los actos derivados de ella, como es la reelección de la dirigencia. Sin embargo, el daño moral ante la sociedad por los actos ilegales de la actual dirigencia será muy difícil de resarcir”.
Mientras que, sobre las impugnaciones que fueron enviadas a la comisión de justicia del partido, lamentaron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “haya sido permisivo ante el atraco, luego de que sólo tres magistrados de la Sala Superior permitieron que la larga cadena de ilegalidades culminara en la reelección de Alejandro Moreno. Tuvieron la oportunidad de actuar y decidieron no hacerlo”, expresaron.
También, cuestionaron que no se estableció una fecha límite para que ese órgano resuelva, pero dijeron que el Tribunal aún puede “enmendar” su error y resolver en última instancia.
Insistieron que la reelección de Alito Moreno “es producto de una Asamblea Nacional ilegal, a partir de una reforma ilegal de los estatutos y de un proceso de elección ilegal”.
