A cuatro años de que se ideó el mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas, es sumamente viable que desde lo local se de seguimiento a los trabajos realizados.
Como legislador local, propuse que sea la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos el ente facultado para que informe al respecto a la comisión de Derecho Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso de Chihuahua, sobre los avances de esta política nacional.
Si bien, la Coordinación Ejecutiva Nacional ha establecido acercamientos con colectivos de búsqueda en la entidad, con el propósito de identificar las situaciones de riesgo que enfrentan los mismos y activar diferentes esquemas de intervención para su protección, en el espectro estatal, no se tienen resultados tangibles o medibles.
Se sabe que existe una partida presupuestal por la federación para este protocolo, sin embargo, no existe información disponible sobre el estado que guarda dicho fondo, si es suficiente o siquiera se ha dispersado.
De la misma forma, es urgente que se implementen recursos que sirvan para dar a conocer si existen líneas de atención para personas que requieran el auxilio en el Estado, ya que el acceso al mecanismo sigue siendo complicado.
Es preciso mencionar que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, propiamente es una instancia federal que nació a partir de la entrada en vigor de la Ley que lleva el mismo nombre.
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se creó con el objeto de implementar y operar las medidas de prevención, medidas de protección y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo.
Desde la concepción del mecanismo, se dijo que la protección se otorga no sólo a personas, sino también a organizaciones y colectivos.
Este protocolo está enmarcado como obligación desde hace años, ya que México ha ratificado diversos tratados en materia de derechos, los cuales, a partir de esta reforma, son los instrumentos rectores para que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias estén obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de todas las personas que transitan y/o habitan en el país.
A pesar de estos logros en materia jurídica, en México se vive una grave crisis de derechos humanos que impacta en mayor proporción a las personas en condiciones de vulnerabilidad y además se ha profundizado por la pandemia.
El primer mes del 2022 comenzó con los asesinatos de cuatro periodistas: José Luis Gamboa en Veracruz, Margarito Esquivel y Lourdes Maldonado en Tijuana y Roberto Toledo en Michoacán. A pesar de que existe un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la realidad es que esta herramienta jurídica no ha mostrado tener resultados significativos para garantizar la vida y la dignidad de las personas en riesgo.
Aunque la CNDH ha reconocido de manera reiterada la relevancia y trascendencia social de la labor que desempeñan periodistas, comunicadores y personas defensoras de derechos humanos.
Lamentablemente, en México su actividad ha sido sistemáticamente obstaculizada por medios diversos en los que la censura, ya sea directa o indirecta, la estigmatización y el descrédito de su labor, han afectado de manera profunda y sensible a quienes ejercen tales derechos, colocándolos en una situación de vulnerabilidad que es preciso atender de manera prioritaria.
Es preciso mencionar que Estado mexicano tiene una deuda pendiente con las víctimas, que no se puede cuantificar o compensar, ya que mientras la mayoría de los casos permanezcan impunes no les será posible acceder a la verdad, la justicia y la reparación a la que tienen derecho.
Por ello y con la intención de colaborar en la búsqueda de mecanismos de protección de los derechos humanos en nuestro estado, es que da origen la presente iniciativa, con el ánimo de reforzar las posibles deficiencias existentes y aprovechar las áreas de oportunidad derivado de estas.
La colaboración interinstitucional es clave en el combate contra el crimen, la corrupción y la impunidad, así, y de la mano de la sociedad civil, es como se lograrán mejores resultados y un mejor panorama para la vida de la sociedad.
