La diputada Rocío Sarmiento presentó iniciativa a fin de reformar la Ley de Protección Civil, así como el Código Municipal, ambos del Estado de Chihuahua, para que sea obligación de los municipios expedir el Atlas de Riesgo y actualizarlo anualmente. Esto con la finalidad de transitar de un esquema de Protección Civil reactivo a uno preventivo.
Dicha iniciativa, tiene la finalidad de contemplar como atribución de los presidentes municipales elaborar su Atlas de Riesgo, Programa Municipal de Protección Civil, planes de contingencia por temporada y programas especiales.
En su exposición de motivos, la legisladora comentó que “en el verano reciente, se vivió una de las temporadas de lluvia más intensas de los últimos 50 años, la cual se desarrolló durante semanas en todo el territorio estatal, ocasionando múltiples daños en caminos, puentes, deslaves, así como afectaciones a viviendas, contingencia que nos encontró desprevenidos, ya que la mayoría de los 67 ayuntamientos en el estado no cuentan con un Atlas de Riesgo que detecte en el caso de lluvias torrenciales u otra eventualidad, las debilidades existentes que permita tener un plan preventivo y de reducción de las afectaciones a la ciudadanía”.
Agregó que el gobierno estatal se ha interesado en los planes de Protección Civil a fin de hacer frente a las eventualidades existentes, y se ha avanzado legislativamente en el tema; sin embargo, son aún insuficientes los logros y es necesario por lo tanto, invertir mayores esfuerzos y recursos para transitar de un esquema reactivo a uno preventivo.
“Es indispensable establecer estrategias, políticas y programas de largo alcance enfocados a prevenir y reducir el efecto de los fenómenos perturbadores con la coparticipación y corresponsabilidad de los diferentes niveles de gobierno, sectores social y privado”.
Por último, agregó que, con esta propuesta de reforma, los municipios contarán de manera obligatoria con su Atlas de Riesgo en tiempo y forma, el cual servirá como instrumento técnico para generar las bases de las políticas públicas necesarias para atender lo relativo a la prevención y la protección civil.
