Por unanimidad, con 476 votos a favor de todos los partidos políticos, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que endurece las penas y sanciona hasta con 30 años de cárcel al que trafique e introduzca armas al país.
Al mismo tiempo, debido a la ola de violencia del crimen organizado, se facilitan los permisos para tener un arma en el domicilio y defender sus bienes de los delincuentes.
También permite “el uso de armas en áreas estratégicas y de seguridad pública como empresas públicas, paraestatales y órganos autónomos, entre ellos, Pemex, CFE, Banxico, Casa de Moneda y el SAT, para que quienes pertenezcan a estas empresas puedan portar armas de fuego para funciones de seguridad”.
Aunque sólo dos diputados del PRI votaron en abstención, todos los grupos parlamentarios reconocieron el “fortalecimiento del control sobre la posesión de armas”, “el derecho a la legítima defensa dentro del ámbito doméstico”, las “medidas eficaces para combatir las correas del crimen organizado”, las “campañas educativas a nivel nacional para sensibilizar a la población”, entre otros detalles.
