Mario Vázquez, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN), solicitó al Congreso de la Unión la regulación tanto de la forma y temporalidad en que el gobierno federal deberá de determinar los traslados de las personas privadas de su libertad en centros penitenciarios de las entidades federativas.
Dijo que el Comité Técnico debe realizar un diagnóstico de las personas privadas de la libertad con base en el delito y peligrosidad de que se trate, de manera permanente.
Aseguró que lo vivido el “jueves negro” del once de agosto del 2022 y los acontecidos del pasado primero de enero del año en curso, a los legisladores de Acción Nacional “nos ha dejado en claro que es necesario realizar una reforma que busque vincular a la autoridad nacional concretamente a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal y al titular del órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; al cumplimiento de una revisión constante y sistemática de los niveles de peligrosidad de las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios de la entidades federativas”.
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Destacó que actualmente, según el Órgano Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, correspondiente a noviembre de 2022, Chihuahua tiene 7 mil 386 espacios en diversos centros penitenciarios en el estado, pero con una población de 8 mil 901, es decir 1,151 personas más de lo disponible, lo que representa una sobrepoblación del 20.52%, destacando que de estas más de 8 mil recluidas, 873 corresponden al fuero federal.
Sin embargo, tratándose de los 14 centros penitenciarios federales que cuentan con espacio para 28 mil 520 personas, actualmente la ocupación es de 18 mil 855, por lo que hasta noviembre del 2022 se encontraban 9 mil 665 espacios vacantes, dejando claro que ningún centro penitenciario federal cuenta con sobrepoblación. Pero el total de procesados o sentenciados del fuero federal son en todos los penales del país 29,539 personas.
“La federación ahorra recursos y desperdicia espacios penitenciarios que bien pudieran ser ocupados por personas vinculadas al crimen organizado y narcotráfico, que desestabilizan las cárceles estatales, sembrando el terror en la población y las autoridades federales tan campantes, así como sus delegados estatales, responsabilizando por medio de declaraciones públicas en contra de las autoridades estatales por los actos que desequilibran los centros penitenciarios y las ciudades donde se ubican, cometidos por presos que debieron estar purgando sus condenas en cárceles federales”, destacó el diputado.
Dijo que no se vale hacer críticas donde no se admite corresponsabilidad, pues desde el “jueves negro” del año pasado se conocía la peligrosidad de “El Neto”, pero no se efectuó ningún traslado de procesados a algún penal federal hasta que se verificó el lamentable acontecimiento del 01 de enero donde perdieron la vida 10 custodios estatales.
