En apego a la ley, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH), Néstor Armendáriz Loya, presentó el Informe Anual 2022 ante el Pleno del H. Congreso del Estado, la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justica del Estado, el Secretario General de Gobierno, así como de diversas autoridades civiles, educativas y militares, sociedad civil y público en general.
Durante su exposición, el ombudsperson destacó que desde el inicio de su administración uno de los principales objetivos ha sido fortalecer internamente todas las áreas de la CEDH para ofrecer un mejor servicio a la sociedad, por lo que en un hecho sin precedentes, se elaboró el primer Plan Integral de Desarrollo del organismo, con el único fin de brindar un servicio de calidad y con alto grado de responsabilidad social.
En este sentido, indicó que se certificó al personal de capacitación y promoción de la CEDH en los estándares: EC0217.01 y EC0301, de formación de capital humano y se organizaron más de 30 cursos de formación para el personal de la CEDH, gracias a las alianzas celebradas con diferentes organismos públicos y de la sociedad civil.
Respecto a las acciones más destacadas en las diferentes áreas que conforman la CEDH, Néstor Armendáriz mencionó:
6 mil 358 personas atendidas. En un 69 por ciento de los casos, se brindó asesoría jurídica, en otro 19 por ciento se llevaron a cabo gestiones y se solucionaron las problemáticas planteadas, y el 12 por ciento restante derivó en la radicación de quejas.
En este sentido, en promedio, de cada 10 personas que acudieron a la Comisión, se logró apoyar a 7 mediante una orientación y asesoría jurídica, a 2 se les solucionó su planteamiento mediante una gestión y una persona inició un trámite de queja.
En 2022, se radicaron 681 quejas contra autoridades locales, se emitieron 56 recomendaciones, 2 propuestas, 10 acuerdos de No Responsabilidad y 34 medidas cautelares en beneficio de 125 mujeres y 66 hombres.
De igual forma, en 2022 se realizaron 1 mil 263 acciones de capacitación a través de pláticas de sensibilización, conferencias, cursos, talleres o seminarios. Un total de 68 mil 098 personas participaron en las actividades. Es importante señalar que se logró cubrir 35 municipios, lo cual representa un aumento del 52% en comparación con el año anterior.
El organismo firmó 19 convenios de colaboración con entes públicos e instituciones académicas, de los que se desprendieron múltiples acciones concretas para avanzar en la cultura del respeto y la promoción de los derechos humanos.
DIAGNÓSTICO PENITENCIARIO.
La CEDH tiene por ley la facultad de supervisar el sistema penitenciario del Estado, por lo que en el último trimestre del año realizó un diagnóstico en los 11 centros de reclusión para observar la gobernabilidad, integridad personal, estancia digna, reinserción social y la atención a grupos en situación de vulnerabilidad. Los hallazgos permitirán hacer propuestas, para profundizar en los cambios que sean necesarios.
“Las experiencias vividas, dejan de manifiesto que lo que acontece al interior de algunos Ceresos, tiene íntimos nexos, causas y efectos hacia el exterior de los mismos, con impacto o riesgo a la sociedad en general, por tanto, su gobernabilidad debe ser abordada como parte integral de la estrategia de seguridad, que compete a los tres órdenes de gobierno; ello, sin descuidar su verdadero propósito, la reinserción social. Todo juega un papel importante en la construcción de la paz, reclamo sentido de la población”, expresó el ombudsperson.
Entre otros temas de urgente atención que también repercuten en nuestro Estado, Néstor Armendáriz señaló: La migración o movilidad humana, desaparición de personas, desplazamiento forzado, trata de personas, violencias contra las mujeres, el libre y seguro ejercicio de la libertad de expresión, señalando que sin duda requieren la actuación colaborativa de todas las esferas de gobierno, organismos públicos y privados, organizaciones de la sociedad civil, academia y de la sociedad en general, ya que solo con la suma de voluntades se podrán obtener resultados positivos, hacer frente a los retos, y a la par, avanzar en el cumplimiento a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que constituyen no solo derechos, sino demandas de la población, con una atención prioritaria a los grupos de personas en situación de vulnerabilidad.
