La delegada de Programas para el Bienestar en Chihuahua, Mayra Chávez, hizo un llamado a actuar con responsabilidad frente a la difusión de información errónea y señalamientos sin sustento que circulan en redes sociales y otros espacios públicos, los cuales, dijo, afectan no solo a las personas involucradas, sino al tejido social en su conjunto.
La funcionaria se refirió a los señalamientos difundidos recientemente contra funcionarias del municipio de Guadalupe y Calvo, a quienes se acusa, a través de videos e imágenes en redes sociales, de haber realizado disparos con armas de fuego durante los festejos de Año Nuevo, sin que hasta el momento exista confirmación oficial de que las personas que aparecen en dichos materiales sean efectivamente quienes se mencionan.
Chávez advirtió sobre la ligereza con la que se construyen acusaciones a partir de imágenes, videos o supuestas coincidencias físicas, como el color de cabello o la aparición de personas en distintos contextos, lo que ha derivado —dijo— en la utilización indebida de nombres e identidades de terceros.
“Este tipo de situaciones es lamentable, porque se presentan como si fueran ciertas, y muchas veces provienen de personas desinformadas, incluso de algunos servidores públicos, aunque hayan sido electos por la vía democrática”, expresó.
En ese contexto, la delegada también mencionó que estos señalamientos se han mezclado con cuestionamientos políticos sobre autoridades municipales de Guadalupe y Calvo, particularmente en torno a la presencia y residencia de la alcaldesa en el municipio, lo que ha generado especulación pública.
“Se ha dicho que no reside en Guadalupe y Calvo y que raramente se le ve, por lo que algunos plantean que debería ocupar el cargo la suplente. Sin embargo, estos temas deben tratarse con seriedad y desde las instancias correspondientes, siempre priorizando el interés de las comunidades”, subrayó.
Chávez rechazó que exista una supuesta protección desde el grupo del Bienestar hacia algún equipo político o de gobierno, y enfatizó que no se puede vincular, sin pruebas, a personas o funcionarias con hechos delictivos o con grupos ajenos a la Cuarta Transformación.
