La diputada señaló que las modificaciones al tipo penal podrían reducir la protección para niñas y adolescentes, además de excluir agravantes relacionadas con comunidades indígenas y afromexicanas.
La diputada Jael Argüelles advirtió sobre posibles retrocesos en la propuesta para tipificar la cohabitación forzada, al considerar que los cambios planteados por la Comisión de Justicia podrían debilitar la protección legal de niñas, niños y adolescentes, particularmente de quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.
La legisladora señaló que el matrimonio infantil y las uniones informales que involucran a menores de edad representan una problemática que va más allá de los registros civiles, pues estas situaciones pueden tener consecuencias graves para la salud y el desarrollo de las niñas. En ese contexto, destacó la importancia de combatir la fecundidad forzada, especialmente entre menores de 10 a 14 años.
Argüelles expuso que, durante 2024, Chihuahua registró 3 mil 114 casos de madres menores de 18 años, de los cuales mil 228 correspondieron a menores de 14 años. También señaló que ese año se identificó a una niña de apenas 11 años entre las madres más jóvenes del país.
Asimismo, indicó que, de acuerdo con los datos de 2025 que citó, Chihuahua se ubicó en el cuarto lugar nacional en fecundidad forzada entre niñas de 10 a 14 años, por debajo de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
Ante este panorama, la diputada sostuvo que la legislación debe contemplar herramientas jurídicas que permitan sancionar la cohabitación forzada. Explicó que la propuesta original planteaba homologar el tipo penal con la legislación federal, con penas de entre ocho y 15 años de prisión.
Sin embargo, cuestionó que la Comisión de Justicia plantee separar conductas que, a su consideración, pueden resultar similares, establecer una sanción menor y modificar elementos de la redacción original. Advirtió que estos cambios podrían generar confusión entre los juzgadores y dejar vacíos en la protección de las víctimas.
Otro de los puntos que señaló fue la eliminación de disposiciones que buscaban proteger a personas sin capacidad para comprender el acto o resistirlo, así como la exclusión de una agravante relacionada con niñas pertenecientes a pueblos originarios y comunidades afromexicanas.
“Debemos proteger a todas las niñas y los niños, pero especialmente a los más pobres y vulnerables”, sostuvo la legisladora al insistir en que la protección de las menores de comunidades indígenas era uno de los aspectos centrales de la propuesta inicial.
Argüelles también expresó preocupación por la redacción de una agravante relacionada con personas que ejercen autoridad, al considerar que su alcance podría resultar demasiado amplio y subjetivo, lo que eventualmente permitiría imponer sanciones menores a las previstas originalmente.
Finalmente, señaló que algunas de las modificaciones habrían surgido de planteamientos técnicos y de propuestas presentadas durante el proceso legislativo. No obstante, manifestó su expectativa de que los cambios puedan revisarse durante la discusión, con el objetivo de fortalecer la iniciativa y garantizar una protección efectiva para las niñas y adolescentes frente a la cohabitación forzada.
