Debido a que las comunidades de la Sierra, han estado por mucho tiempo abandonadas y sufriendo el embate de los grupos delincuenciales, este lunes la diputada de morena Leticia Ortega Máynez presentó en el pleno legislativo una proposición con carácter de Punto de Acuerdo a efecto de exhortar respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua para que trabaje en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército en la pacificación de las mismas.
Y como ejemplo de la situación de inseguridad e impunidad que se vive en la sierra de Chihuahua, la legisladora explicó “Para muestra este caso, en donde una persona totalmente identificada como parte del crimen organizado, vivió tranquilamente en un poblado de nuestro Estado y al parecer lo controlaba a través del miedo y la violencia y no había autoridad alguna que lo impidiera”, se refiere la morenista a José Noriel Portillo Gil, mejor conocido como ‘El Chueco’, acusado de asesinar a los dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos Morales y Joaquín Salazar Mora, así como al guía de turistas Pedro Heliodoro Palma y al joven beisbolista, Paul Oswaldo Berrelleza, en el poblado de Cerocahui, el 20 de junio del 2022 y que fuera encontrado sin vida el pasado 21 de marzo.
Al respecto de la muerte de este criminal la diputada de morena insistió “Sin embargo, es importante señalar que su muerte, no representa un logro o éxito para la justicia de Chihuahua, al contrario, refleja la impunidad que ha imperado en nuestro Estado desde hace más de una década y que para este gobierno no ha sido una prioridad reducirla. Nuestras autoridades estatales durante mucho tiempo han sido omisas ante el crecimiento de la violencia en los poblados más alejados y es imposible no pensar que la corrupción ha sido parte de esto”.
Y es que en rueda de prensa del 23 de marzo el Fiscal de Chihuahua, Cesar Jáuregui Moreno, aseguró que con el asesinato de este criminal las investigaciones que se tenían contra él concluyen pues ya no hay a quién perseguir. Sin embargo, para Ortega Máynez encontrarlo asesinado, no imposibilita generar otras líneas de investigación que incluso podrían llevar a la detención de otros delincuentes, o conocer quiénes fueron sus cómplices en este u otros delitos, e incluso habría que investigar cuales fueron las circunstancias de su muerte.
“La muerte de esta persona, no debe significar un ¨borrón y cuenta nueva¨, al contrario, debe ser motivo para abrir otras investigaciones. Se debe esclarecer quien o quienes permitieron que este delincuente transitara y viviera tranquilamente en nuestro Estado. Dar “carpetazo” a este caso, significa continuar alimentando la impunidad y la injusticia y envía la señal a los delincuentes de que el gobierno estatal calla y olvida. El Gobierno del Estado debe cumplir con su trabajo. Por su parte, el gobierno federal no va a dejar en desamparo a la sociedad Chihuahuense, no va a sucumbir a las presiones que haga el gobierno del estado, y continuará realizando el trabajo que le corresponde” sentenció Leticia Ortega.
Por su parte los partidos Acciona Nacional y Revolucionario Institucional, en conjunto y utilizando una mayoría legislativa se negaron a ver por los intereses de los habitantes de la sierra tarahumara y votaron en contra de dicha iniciativa.
