Los cambios a la minuta, por la que se reforma el Artículo Quinto Transitorio del Decreto en materia de Guardia Nacional, para extender la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, permitirá al Congreso definir rumbo y dirección de las políticas en esta materia, destacó el senador Rafael Espino de la Peña.
Sin embargo, confirmó, es fundamental dar seguimiento y fortalecer los mecanismos de control parlamentario consignados, abrir un diálogo nacional permanente, con expertos, autoridades y organizaciones de la sociedad civil, a efecto de realizar un diagnóstico sobre este tema.
Al fijar su posicionamiento a favor de las modificaciones al dictamen, señaló que en los últimos 30 años, en el país permea una crisis de funcionalidad en la seguridad pública ciudadana, alimentada por factores como la corrupción y la desigualdad.
“Vivimos en una situación emergente a la que indebidamente nos estamos acostumbrando”, advirtió el senador.
Espino de la Peña refirió que desde años atrás la mayoría de las policías estatales y municipales han carecido de planes estructurados y supervisados que impulsen su desarrollo en infraestructura, organización, operación, modernización tecnológica, desarrollo de inteligencia y equipamiento.
Situación, subrayó, que se ha agravado por la presencia de corrupción en el ejercicio de los presupuestos y una falta de descentralización fiscal que ha generado una perniciosa dependencia de recursos en las participaciones federales.
Por ello, apuntó, los cambios responden al reconocimiento del Ejecutivo Federal de realizar ajustes, pasada la mitad de su mandato, en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública Nacional.
Recordó que, con las modificaciones se amplió de cinco a nueve años el plazo mediante el cual el Ejecutivo Federal puede disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, es decir, hasta el 2028; en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades y presencia territorial.
Establece que los requisitos para la utilización por el Ejecutivo Federal de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, deberá realizarse de manera: Extraordinaria, justificada y excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en cada caso; subordinada y complementaria a las labores de las policías civiles, sin que sus tareas se extiendan a tareas de procuración de justicia, de policía judicial o ministerial.
Asimismo, fiscalizada o vigilada, por órganos civiles competentes, independientes y capacitados; también será regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad en la intervención en cada caso.
Rafael Espino agregó que las reformas establecen una serie de controles parlamentarios, como: la obligación del Ejecutivo Federal de presentar al Congreso de la Unión informes semestrales sobre el uso de las Fuerzas Armadas, con indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar la gestión en materia de seguridad pública.
También se propuso la formación e instalación de una Comisión Bicameral para el análisis y dictamen de los informes del Ejecutivo Federal en materia de seguridad pública.
Se agregó que para el 2028, la Fuerza Armada Permanente concluya su participación en labores de seguridad pública y que esas funciones las asuma el mando civil a plenitud.
De igual forma, dijo, se estableció la necesidad de crear un fondo a partir de 2023, para apoyar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y municipios; así como la obligación análoga de los gobiernos estatales de apoyar mediante otro fondo, a los municipios, en especial a aquellos más poblados o marginados.
