Por más de cuatro años, dos personas cercanas al entorno político del diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar acumularon contratos de obra pública del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez por casi 74 millones de pesos, lo que despierta cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés, concentración de adjudicaciones y favoritismo político dentro de la administración encabezada por Cruz Pérez Cuéllar.
Los nombres son Irvin Alonso Ruiz Orozco y la ingeniera Kenya Daniela Garibay Baca, ambos participaron activamente en el equipo político y electoral de Alejandro Pérez Cuéllar durante el proceso de 2024 y aparecen de forma recurrente en eventos públicos, actividades partidistas y convivencias privadas con el legislador y su círculo cercano.
La historia de Irvin Alonso Ruiz Orozco comenzó dentro del propio gobierno municipal. Entre 2017 y 2019 trabajó como empleado de confianza en la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Juárez, durante la administración del entonces alcalde Armando Cabada Alvídrez.
Su labor consistía en participar en procesos administrativos relacionados con licitaciones y contratos de obra pública. En transmisiones oficiales incluso aparecía dando lectura a fallos de concursos municipales, con un salario rondaba apenas los 11 mil pesos mensuales.
Sin embargo, apenas dos años después de abandonar el cargo público, Ruiz Orozco obtuvo su primer contrato municipal bajo la administración de Cruz Pérez Cuéllar. Fue en noviembre de 2021, apenas iniciado el primer gobierno crucista.
A partir de entonces comenzó un crecimiento acelerado como proveedor de obra pública, pese a no contar con antecedentes conocidos en el sector de la construcción, sin maquinaria propia y respaldándose técnicamente en la cédula profesional de Kenya Garibay Baca, ingeniera civil que trabajó como su residente de obra. Entre 2021 y 2024, Ruiz Orozco acumuló 12 contratos municipales por aproximadamente 38.5 millones de pesos.
Mientras Ruiz Orozco consolidaba contratos, Kenya Garibay Baca enseptiembre de 2023 constituyó, junto con su padre, la empresa Construcciones y Servicios Industriales KIDA. Apenas nueve meses después de haber sido creada, la empresa recibió su primer contrato del Municipio de Juárez por 5 millones de pesos para rehabilitar un parque público.
Ese mismo periodo coincidió con la campaña electoral de Alejandro Pérez Cuéllar rumbo a la diputación federal, donde Garibay Baca fue presentada como integrante formal de su equipo político.
Desde entonces, KIDA acumuló ocho contratos municipales entre 2024 y 2025 por más de 35 millones de pesos, principalmente para rehabilitación de parques, escuelas y espacios deportivos.
Mientras Ruiz Orozco dejó de concentrar adjudicaciones, la empresa de Garibay comenzó a convertirse en una de las nuevas beneficiarias recurrentes del gobierno municipal.
Tanto Ruiz Orozco como Garibay Baca reconocen públicamente su cercanía con Alejandro Pérez Cuéllar, aunque ambos sostienen que se trata únicamente de colaboraciones políticas voluntarias y no remuneradas.
No obstante, publicaciones en redes sociales muestran una relación constante y cercana con el diputado federal. Fotografías en cumpleaños, convivencias privadas, actividades partidistas, campañas electorales y eventos públicos los ubican dentro del círculo político más próximo del legislador.
Ruiz Orozco incluso fue candidato a regidor por el Partido Verde Ecologista de México en 2024, mientras participaba activamente en la campaña del hermano del alcalde.
A ello se suma que Kenya Garibay y Ruiz Orozco continuaron apareciendo juntos en actos públicos relacionados con el grupo político de los Pérez Cuéllar incluso después de comenzar a recibir contratos millonarios.
Especialistas advierten que, aunque las adjudicaciones pudieran cumplir formalmente con los requisitos legales, existen diversos elementos que representan focos rojos en materia de transparencia y combate a la corrupción.
Entre ellos destacan:
• La falta de experiencia previa de los contratistas.
• La rápida acumulación de contratos públicos.
• La participación de empresas recién creadas.
• Las relaciones políticas y personales con figuras de poder.
• El uso recurrente de los mismos grupos empresariales.
• La concentración de contratos municipales en círculos cercanos al poder político.
En el caso de Ruiz Orozco, varias de sus obras fueron obtenidas sin contar con maquinaria propia, utilizando equipo rentado a la empresa Constructora Tres Cares, firma que anteriormente había sido señalada en denuncias por presuntos actos de corrupción.
Además, documentos oficiales muestran que la renta de maquinaria fue respaldada por Silvia Molina Baca, madre de Kenya Garibay y colaboradora de dicha empresa.
Entre las principales obras adjudicadas a Ruiz Orozco destacan la construcción de canchas deportivas en El Chamizal, la remodelación del Mercado Reforma y trabajos en el Centro Municipal de las Artes.
Algunas de estas obras llaman la atención por costos específicos incluidos en los contratos: millones de pesos destinados a impermeabilización, instalación de pasto sintético, mobiliario urbano y equipamiento deportivo.
Por su parte, la empresa KIDA concentró contratos para rehabilitación de parques y escuelas, donde también aparecen montos elevados en juegos infantiles, bancas metálicas, andadores, mobiliario urbano y estructuras recreativas.
En algunos casos, las obras comenzaron a mostrar deterioro pocos meses después de haber sido concluidas, como ocurrió en parques intervenidos en colonias como Infonavit Salvárcar y Patria.
Cuestionado sobre los contratos, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar negó irregularidades y sostuvo que cualquier ciudadano tiene derecho a participar en licitaciones públicas, independientemente de sus relaciones políticas.
El edil minimizó además el monto asignado, argumentando que representa apenas una fracción del presupuesto total ejercido por el Municipio durante su administración.
“Hay que revisar cada licitación y revisar cada caso para ver si hubo alguna irregularidad”, declaró.
Por su parte, el diputado Alejandro Pérez Cuéllar evitó profundizar sobre el tema y aseguró desconocer los contratos otorgados a sus colaboradores cercanos.
El caso exhibe un patrón que especialistas consideran frecuente en administraciones públicas locales: personas cercanas al poder político que, sin trayectoria consolidada en determinados sectores, logran convertirse rápidamente en proveedores gubernamentales beneficiados con contratos millonarios.
Aunque hasta ahora no existe una resolución oficial que determine ilegalidades, la acumulación de adjudicaciones, la cercanía política y la transición de contratos entre colaboradores del mismo grupo mantienen abiertas dudas sobre la transparencia y el manejo de la obra pública en Ciudad Juárez.
En una ciudad donde el presupuesto para infraestructura y espacios públicos representa miles de millones de pesos, el debate no gira únicamente en torno a la legalidad de los procesos, sino también sobre los límites éticos entre el poder político, las relaciones personales y los negocios financiados con recursos públicos.
