Propuse conmemorarlos cada 3 de diciembre
Para fortalecer las opciones de inclusión en nuestra entidad, presenté una iniciativa ante el Pleno del Congreso del Estado a fin de que se decrete el día 3 de diciembre de cada año, en conmemoración de las personas con discapacidad.
El día estatal de las Personas con Discapacidad, representaría un gran paso para socializar que ellas necesitan subsidios, incentivos y programas de rehabilitación oficiales, pero también apoyo de la ciudadanía.
Es verdad que las personas con discapacidad experimentan significativas desigualdades en materia de salud en comparación con las personas sin discapacidad, sin que ello, por supuesto, deba ser motivo de discriminación alguna.
Si bien existen algunos esfuerzos locales en consonancia con los principales marcos regionales y mundiales de derechos humanos, se requiere un trabajo más integral.
Las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, en interacción con diversas barreras, pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás.
Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad, alrededor del 15% de la población vive con algún tipo de discapacidad.
Se ha establecido que las mujeres tienen más probabilidades de sufrir discapacidad que los hombres y las personas mayores más que los jóvenes.
En los últimos años, la comprensión de la discapacidad ha pasado de una perspectiva física o médica a otra que tiene en cuenta el contexto físico, social y político de una persona.
Por eso hoy en día, se entiende que la discapacidad surge de la interacción entre el estado de salud o la deficiencia de una persona y la multitud de factores que influyen en su entorno.
Se han hecho grandes progresos para que el mundo sea más accesible para las personas que viven con discapacidad; sin embargo, se requiere mucho más trabajo para satisfacer sus necesidades.
Toda vez que la mayoría de los países y territorios han firmado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es necesario que en el Estado el combate se fortalezca en todas las esferas.
Empero, vemos con tristeza que muchos establecimientos y servicios de salud son inaccesibles para las personas con discapacidad.
Entre las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad figuran los espacios de salud inaccesibles, las barreras de comunicación, la falta de formación de los profesionales y las barreras financieras.
En Chihuahua debe fortalecerse la promoción de la equidad en materia de salud para las personas con discapacidad, lo mismo que los censos de personas que mantienen alguna, con el fin de impulsar políticas públicas que lleguen a todos.
Motivo por el cual el Gobierno debe establecer mecanismos financieros prácticos.
De la misma forma, es imperativo asegurar que los mensajes de salud pública sean accesibles a todas las personas y que los servicios de COVID-19 incluyan a las poblaciones de personas con Discapacidad y no sean discriminatorios contra ellas.
También debemos fortalecer la habilitación, la rehabilitación y las tecnologías de apoyo para todas las personas, incluidas las que tienen discapacidades.
Respetar los derechos de las personas con discapacidad no es solo una cuestión de justicia, sino una inversión en nuestro futuro común.
Principalmente en los momentos de crisis y en consonancia con la premisa central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de “no dejar a nadie atrás”, es crucial que los gobiernos y los sectores público y privado encuentren, conjuntamente, soluciones innovadoras para y con las personas con discapacidad para hacer del mundo un lugar más accesible y equitativo.
El 11 de junio de 2019, el Secretario General, António Guterres, lanzó la Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad, acorde con su compromiso de hacer que las Naciones Unidas sean una organización inclusiva para todos.
La Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad constituye la base de un progreso sostenible y transformador hacia la inclusión de la discapacidad en todos los pilares de la labor de la ONU.
Con esta estrategia, las organizaciones del sistema de la ONU reafirman que la realización plena y completa de los derechos humanos de todas las personas con discapacidad es un componente inalienable, indisociable e indivisible de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
