La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de incluir a los cárteles de la droga en la lista de organizaciones terroristas eleva el riesgo de procesos penales para las empresas estadounidenses que operan en partes de América Latina y para quienes migran, dijeron expertos legales.
El 19 de febrero, el Departamento de Estado designó al Cártel de Sinaloa, al Tren de Aragua y a otros seis grupos criminales como organizaciones terroristas globales, como parte de las medidas enérgicas del Gobierno republicano contra las bandas que, según afirma, inundan Estados Unidos de drogas y ayudan a los migrantes a cruzar ilegalmente.
En un memorando del 5 de febrero -después de que Trump señaló su intención de etiquetar a los cárteles como grupos terroristas, pero antes de que las designaciones se hicieran formalmente- la fiscal general Pam Bondi dijo que la medida permitiría a los fiscales del Departamento de Justicia acusar a los líderes de los cárteles de terrorismo.
Seis expertos legales consultados por Reuters dijeron que las designaciones también podrían dejar a las empresas estadounidenses y a los migrantes que pagan a los cárteles por ayuda para cruzar la frontera sujetos a enjuiciamiento por apoyo material a un grupo terrorista bajo el código penal de Estados Unidos.
