El proceso preliminar de inscripción para los aspirantes a magistrados y jueces que integrarán el Poder Judicial del Estado de Chihuahua ha concluido.
La convocatoria, lanzada a fin de garantizar transparencia y pluralidad del proceso, recibió una respuesta significativa, con un total de 906 aspirantes registrados ante el Comité de Evaluación del Poder Legislativo para contender por los 307 cargos de magistrados, jueces y jueces menores del Poder Judicial del Estado. Del total, 115 personas aspiran al cargo de magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y 64 del Tribunal de Disciplina Judicial.[1] Los números son buenos, sin ser excelentes; empero, sumados a quienes hacia el interior del órgano van a participar, da un número plausible de funcionarios que contenderán.
El proceso está muy lejos de concluir; el siguiente paso será la evaluación exhaustiva de los perfiles registrados, que incluirá revisión de antecedentes y verificación de la información; dicha etapa estará a cargo de un comité de evaluación integrado por representantes de cada uno de los tres poderes del Estado.
Como era de esperar, a todos los involucrados en el proceso les habitan un montón de buenas intenciones y desde ya se habla de “seleccionar a los mejores perfiles, privilegiando la ética, la experiencia y la independencia judicial como principios fundamentales” y bla bla blá.
Le voy a decir dos cosas, querida lectora, gentil lector, más allá de cómo se lleve a cabo el proceso —el aseo, la diligencia, la seriedad y el empeño que en él se ponga—, los resultados podrían llegar a ser desastrosos y nadie puede preverlos. Verá usted, hay dos temas que contrarían las supuestas buenes intenciones alegadas en la exposición de motivos de la otrora iniciativa presidencial y el bodrio de dictamen que finalmente la aprobó:
- Sobre la corrupción, la iniciativa sólo sirve para alentarla en distintas formas. Llevo semanas viendo cómo magistrados y jueces se muerden las uñas sin saber qué va a ocurrir con ellos; familias, proyectos, carreras, vidas enteras, se verán afectados por las decisiones que tomaron MORENA y sus secuaces, en las dos cámaras, y desde la Presidencia de la República. Muchos de ellos van a hacer lo que tengan qué hacer, cualquier cosa, para ser electos. Ése no es el mejor estado de ánimo para administrar justicia; sin contar que cuando empiecen las campañas estarán absortos durante sesenta días, inmersos, en esa vorágine que se llama “proceso electoral” y buscando votos como locos, hasta debajo de las piedras, y
- Eso no es lo peor, deveras, lo peor está por venir: imagine usted (no, no lo imagine, delo por hecho), que los cárteles, coludidos con algunos grupos de poder —MORENA principalmente, como ya sabemos, está estrechamente ligada al crimen organizado (ahí están AMLO y Rocha Moya)—, van a estar detrás de candidaturas diversas; ¿qué va a pasar si uno de esos abogados se queda en la rayita para ser electo? La propuesta prevé que las ausencias definitivas serán cubiertas por el siguiente en la lista. Yo le digo lo que va a pasar: muchos jueces que ganen legítimamente la elección van a ser perseguidos, amenazados, secuestras o asesinados; al tiempo, va usted a ver cómo empiezan a “bajarse” en forma sospechosa, en el mejor de los casos, o a morirse, en el peor, algunos de estos funcionarios.
Todo, porque la iniciativa es basura y lo único que va a conseguir en envilecer al sistema de administración de justicia nacional. Así que da lo mismo que tan chulo —o rebonito— salga el proceso, el verdadero horror está por venir.
Mientras, hay imbéciles e irresponsables que celebran y festejan con farolitos, abalorios y espejitos, mientras ven pasar la tragedia ante sus ojos sin inmutarse e importándoles un comino lo que no sea su propio brillo y oropel. De todo hay en la viña del Señor.
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Luis Villegas Montes.
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