El subdirector de Gobernación Municipal, Pedro Oliva Jiménez, rechazó que durante el operativo realizado en un centro de rehabilitación se haya dejado a pacientes incomunicados o privados de su libertad, y explicó que los sellos de clausura fueron colocados de manera parcial debido a la cantidad de personas que permanecían en el establecimiento.
Oliva Jiménez señaló que al momento de la intervención había aproximadamente 80 personas internadas, pero la capacidad de los espacios disponibles para su reubicación permitió trasladar únicamente a 30 pacientes ese mismo día.
Por ello, explicó, se determinó colocar los sellos únicamente al ras de las puertas, con el objetivo de impedir el ingreso de nuevos pacientes mientras se realizaba de manera paulatina la reubicación de las 50 personas restantes.
“En ningún momento se dejó a ninguna persona privada de su libertad, ni incomunicada”, sostuvo el funcionario, quien agregó que el establecimiento contaba además con una puerta lateral por la que podían ingresar y salir familiares, pacientes, médicos y personal que laboraba en el lugar.
El subdirector de Gobernación explicó que el operativo se llevó a cabo después de que un juzgado de distrito sobreseyera un amparo promovido por el propio centro en enero, mediante el cual buscaban evitar las revisiones de autoridades municipales y otras instancias.
De acuerdo con Oliva, la resolución judicial estableció que el establecimiento sí está sujeto a visitas de inspección, al igual que cualquier otro negocio o centro que opere en el municipio, además de que debe cumplir con las medidas de seguridad correspondientes.
Durante la inspección realizada por personal de Gobernación, Protección Civil, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y otras autoridades, se detectaron diversas irregularidades, entre ellas condiciones de hacinamiento, alimentos en estado de descomposición o inadecuados para el consumo y un techo que presentaba riesgo de colapso.
Ante estas condiciones, explicó, se determinó clausurar el área afectada para evitar que los pacientes permanecieran en una zona que representaba un riesgo para su integridad.
Oliva Jiménez aseguró que a los responsables del centro se les informó que las instalaciones debían ser rehabilitadas a la brevedad y reiteró que la autoridad municipal actuó con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas internadas.
“Es falso totalmente que se les dejó incomunicados o privados de su libertad”, enfatizó el funcionario.
