La 68 Legislatura del Congreso de Chihuahua, en Sesión Ordinaria, reformó la Ley Estatal de Educación, con la finalidad de implementar la mediación como una herramienta para la solución de conflictos laborales dentro del sistema educativo estatal.
Para lo anterior, se estableció en el artículo 8º que la educación que impartan el Estado, los municipios, los organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, entre otros fines, el promover la formación de personas especializadas en resolución de conflictos, negociación y mediación, con el fin de consolidar dichas herramientas como las idóneas para la articulación de la cultura de la paz en los centros educativos y dependencias de administración educativa, privilegiando la resolución de conflictos entre autoridades educativas, así como entre quienes integran la comunidad escolar.
Fue la diputada Herminia Gómez Carrasco, en representación de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte, quien presentó el dictamen ante el Pleno Legislativo.
El Legislador agregó que, a fin de alcanzar los objetivos planteados, se deberá generar la coordinación entre las autoridades judiciales, educativas y la representación sindical a efecto de crear y establecer los mecanismos de formación de personas mediadoras dentro de los centros educativos del Estado.
En este mismo sentido fue reformado el artículo 170 de la Ley referida, con la finalidad de establecer que la mediación en el ámbito educativo será la instancia preferente a agotar en los centros especializados en medios alternos en la solución de conflictos que para el efecto se establezcan en las representaciones sindicales de las Secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el Estado de Chihuahua; en la Secretaría de Educación y Deporte; y en los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, a fin de facilitar el diálogo entre las partes involucradas, promoviendo soluciones pacíficas y consensuadas.
Dicha mediación se hará respetando siempre las leyes y los derechos humanos; si después de ésta se requiere un sanción, la autoridad educativa notificará al infractor, quien tendrá 15 días para defenderse y entregar los documentos que considere necesarios.
Ahora bien, la sanción se decidirá tomando en cuenta las circunstancias de la infracción y otros factores, como los daños causados y si hubo reincidencia.
Dentro de los artículos transitorios, se planteó que el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda, destinará, en la medida financiera posible una partida presupuestal suficiente para garantizar el costo de las capacitaciones que se impartirán al personal que asignen las autoridades educativas, representaciones sindicales y autoridades Judiciales.
