Con el afán de garantizar la seguridad a todos aquellos ciudadanos que promueven procesos de participación ciudadana o bien, que encabezan actividades que tienen como finalidad el combate a la corrupción, la diputada local por Morena en el Congreso del Estado, América García, planteó incrementar la penalidad en el Código Penal y la Ley de Participación Ciudadana, por hasta 20 años de prisión en contra de quien cometa actos de intimidación.
En este sentido, propuso que este delito pueda perseguirse de oficio y se castigue con penas que van de los diez a los veinte años de prisión; así como de cien a mil días de multa, al servidor público que por sí o por una tercera persona, utilice la violencia física o moral, inhiba o intimide a cualquier persona o sus familiares, a fin de evitar que solicite la revocación del mandato, un plebiscito o referendo.
Reconoció que si bien existen algunos mecanismos de carácter penal, existen pocos mecanismos institucionales que permitan procurar, de manera plena, la seguridad y confianza de todas aquellas personas que deseen iniciar un proceso ciudadano; demeritando de esta forma, no solo a quien de manera individual inicie un proceso de este tipo, sino que incluso, tenga un impacto negativo en la confianza de toda la comunidad.
“Considerando el daño que puede causar un servidor público que ostenta el poder y el ejercicio de la violencia del estado contra las personas, proponemos aumentar las penas para inhibir la comisión del delito, y evitar que la persona que lo cometa tenga la posibilidad de reestructurar su carrera pública a fin de ejercer nuevamente el poder en contra de la sociedad misma”, aseveró la legisladora morenista.
Asimismo, García Soto reiteró que su iniciativa plantea que se trate de un delito que se persiga de oficio, toda vez que las personas víctimas de estos delitos, se encuentran en desventaja contra sus victimarios, que tiene una mayor capacidad de acceso a los recursos del Estado.
Por otra parte, la promovente solicita incluir en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, el derecho de las personas a ser respetado en su integridad física, psíquica y emocional en la promoción de la participación ciudadana; así como solicitar el auxilio de las fuerzas de seguridad pública para garantizar los derechos de las personas en los procesos de participación ciudadana, así como garantizar la seguridad de sus iniciadores.
“En este sentido estaríamos solicitando al Instituto Estatal Electoral, que gire las instrucciones pertinente y se les proporcione seguridad a aquellos ciudadanos que promueven procesos para solicitar la destitución de un funcionario público mediante la revocación del mandato, o simplemente la modificación de una solicitud de carácter administrativa o legislativa vía plebiscito o referendo y que como resultado, se considere que la integridad personal se encuentra en riesgo o hayan recibido amenazas, a raíz de la promoción de la participación ciudadana”, concluyó América García.
