Este viernes 31 de enero, los Comités de Evaluación (CE) establecidos en la reforma judicial deben enviar las listas de las personas mejor evaluadas a cada uno de los tres poderes para su “visto bueno”. Después de ello, mediante insaculación (tómbola) se ajustarán los listados al número de postulaciones por cada responsabilidad, atendiendo su especialidad y observando la paridad de género. Sin embargo, los trabajos de evaluación realizados por los tres comités son sumamente dispares entre sí y cada día el proceso de elección judicial se desprestigia más.
Antes de entrar en materia, vale recordar que la reforma judicial estableció que los Comités de Evaluación, integrados por órganos ciudadanos y externos, definirían las listas de personas que se elegirán para ocupar alguna responsabilidad judicial el próximo primero de junio. Así, cada poder de la unión conformó su propio comité: el del Poder Judicial destacó por una integración más independiente, mientras que los otros dos (el del Legislativo y Ejecutivo) se caracterizan por contar con perfiles cercanos al gobierno o al partido mayoritario.
Cada comité definió su propia metodología de evaluación, 1 lo que ha generado serias inequidades en el proceso debido a la falta de criterios homogéneos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado un conjunto de estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas para las designaciones judiciales, asegurando que estas decisiones se sustenten en criterios objetivos. Sin embargo, estos principios han brillado por su ausencia en la mayoría de los ejercicios realizados por estos comités.
Por ejemplo, el Comité del Poder Ejecutivo no ha transparentado sus trabajos, y se desconoce si ha realizado las entrevistas y cómo se han desarrollado, a pesar de haberlas establecido en su metodología. Una metodología, por cierto, laxa y poco seria, toda vez que no establece porcentajes o puntuaciones ni señala en qué consistirá la evaluación concretamente. Es decir, la selección de los perfiles que considere idóneos será totalmente discrecional y opaca.
Por su parte, el Comité del Poder Legislativo sí definió porcentajes para evaluar los distintos criterios de los perfiles, pero no un instrumento de evaluación que permita conocer cómo conceptualiza cada criterio y, por lo tanto, identificar por qué a cada aspirante le darían determinado puntaje. Esto aunado a la imposibilidad material de llevar a cabo entrevistas a profundidad a las poco más de 7,000 personas anunciadas en los tan acotados plazos legales, y mucho menos con la rigurosidad que amerita garantizar los perfiles más idóneos para tan importantes encomiendas públicas.
Por último, si bien el Comité del Poder Judicial definió, de manera más detallada que los otros dos comités, varios elementos para evaluar de forma diferenciada los perfiles, el pasado 27 de enero sus cinco integrantes renunciaron ante la imposibilidad jurídica de cumplir con su mandato. Esto ocurrió debido al acatamiento de la suspensión definitiva 1074/2024 que otorgó el Juzgado Primero de Michoacán, en contraposición con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial que le ordena al Senado de la República hacer una insaculación (tómbola) de las 3,814 personas inscritas en el Comité del Poder Judicial para obtener las listas que se enviarán al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante esta determinación, la presidencia de la Mesa Directiva del Senado informó que la insaculación (tómbola) se realizará este jueves 30 de enero. Lo anterior es grave por varias razones:
- Por la falta de rigurosidad, seriedad y objetividad que ha prevalecido en esta etapa de evaluación y que no asegura que las listas se integren con los perfiles más idóneos.
- Por todas las limitaciones de transparencia al no haberse publicado información sustantiva de cómo avanza cada fase ni mucho menos el total de expedientes de las más de 20,000 personas inscritas en los tres CE y que están siendo evaluadas.
- Por los obstáculos para realizar un ejercicio de escrutinio ciudadano sobre lo que está sucediendo producto de la opacidad, de plazos extremadamente reducidos y del volumen de responsabilidades a decidir.
- Por las interpretaciones legales a modo que se han utilizado para materializar una reforma que lo que menos atiende es a la justicia en este país.
Así, la promesa de transformación de la justicia no será por méritos ni por la independencia de los perfiles, sino un ejercicio deficiente, apresurado y a los designios de los resultados de la tómbola. Las víctimas de este país no merecen esto.
