El Legislativo Estatal exhortó a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, den puntual seguimiento a las denuncias presentadas en contra de las empresas y particulares que operen bajo esquemas de otorgamiento de vales de crédito, por usura, cobranza ilegítima y agresiones por parte de las empresas llamadas “valeras”.
Por otra parte, se solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros (Condusef) informes acerca de la constitución de empresas que operan en el estado de Chihuahua bajo el esquema de otorgamiento de vales de crédito, con el fin de dar certeza a las y los usuarios de estos servicios evitando la usurpación de funciones.
El diputado Benjamín Carrera Chávez, en su proposición, indicó que las personas dedicadas a los préstamos por medio de vales, las empresas les exigen el pago a través de mensajes de texto insultantes, colocando fotografías en los postes de sus colonias con títulos en los que se les acusa, por decir lo menos, de ladronas, e incluso se valen del hostigamiento a sus familias, vecinas y clientes. A decir de las víctimas, quienes acuden en representación de estos negocios de vales, incluso han sustraído de manera ilegal menaje de casa a manera de cobro.
Además de lo anterior, quienes operan estas empresas locales de vales, no tienen seriedad alguna y, actúan presumiendo de impunidad y una supuesta red de influencias ya que incluso utilizan documentos usurpando funciones de las autoridades.
“Es preocupante que existan empresas que, independientemente del derecho que deriva de los créditos que otorgan, partan de la ilegalidad tanto en su constitución, como en su operación y cobranza, sobre todo cuando estos actos transgreden no solo la integridad, sino que claramente buscan a toda costa infligir angustia y dañar la reputación de quienes actúan como distribuidores y de sus familiares”, señaló el diputado.
Es importante recalcar que las personas que han expuesto a este tipo de empresas, no acuden con el fin de evadir sus obligaciones contraídas con estas, sino que buscan cumplir bajo esquemas justos para ambas partes, partiendo de los principios de legalidad y bajo acciones de las que las autoridades sean vigilantes.
